APROBADO EL DECRETO DE CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES

Durante el presente mes, el Consejo de Gobierno de la administración vasca ha aprobado el Decreto que regulará la Cartera de Prestaciones y Servicios del sistema vasco de Servicios Sociales. El citado decreto define, entre otros aspectos, la naturaleza, objetivo, personas destinatarias y requisitos de acceso a las prestaciones.

El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, formado por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, ya aprobó meses antes la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Y para el desarrollo normativo de la Ley vasca de Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto. No obstante, el desarrollo efectivo de la citada Ley no tendrá efecto hasta la definitiva universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

La Ley de Servicios Sociales, en su artículo 22 desarrolla las prestaciones y servicios en los ámbitos de la atención primaria, atención secundaria y prestaciones económicas.

Respecto a la atención primaria, el texto incluye servicios como la información, valoración, diagnóstico, orientación, ayuda a domicilio, intervención socioeducativa y psicosocial, teleasistencia y alojamiento. Mientras que en atención secundaria, se incluyen servicios como la valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección, centros residenciales, centros de día y noche, centros ocupacionales, servicios de respiro, transporte adaptado, intervención y mediación familiar, puntos de encuentro familiar, y adopción y acogimiento. Por último, entre las diferentes prestaciones económicas, se incluyen prestaciones vinculadas al servicio, cuidados en el entorno familiar, prestación de asistente personal, etc.

Para la definición de la Cartera de Servicios, los diferentes agentes implicados realizaron, en primer lugar, un inventario de todos los Servicios Sociales que había ya estaban operativos en Euskadi, valorando quién los gestionaba y quién los financiaba.

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